Justicia
Maru Campos, entre reclamos a Sheinbaum y cuestionamientos a su gobierno: ¿dónde están los resultados en Chihuahua?
La polémica por el operativo relacionado con la CIA, las acusaciones contra un exfiscal y las controversias judiciales estatales plantean preguntas sobre la capacidad de supervisión y rendición de cuentas de la administración de Maru Campos.
El enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum ha colocado nuevamente a Chihuahua en el centro de la discusión nacional.
La gobernadora reconoció que sostuvo una conversación particularmente tensa con la presidenta, durante la cual ambas intercambiaron reclamos relacionados con la seguridad pública y la participación de agentes estadounidenses en un operativo estatal.
El episodio no solamente refleja diferencias políticas. También abre interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones dentro de las instituciones de seguridad de Chihuahua y sobre los mecanismos para supervisar su actuación.
Una reunión que dejó más preguntas
El encuentro ocurrió el 19 de septiembre de 2026, durante una visita presidencial a Ciudad Juárez.
Campos relató posteriormente que la conversación estuvo marcada por reproches mutuos y negó que hubiera existido un pacto político con el gobierno federal.
Sheinbaum confirmó que ambas elevaron la voz, aunque sostuvo que la coordinación institucional debía continuar en beneficio de la población.
La presidenta también afirmó que Campos responsabilizó al exfiscal César Jáuregui por la participación de agentes extranjeros en un operativo contra el crimen organizado.
La versión de la gobernadora y las declaraciones presidenciales hacen necesario esclarecer quién autorizó el operativo, qué funcionarios conocían sus alcances y cuáles fueron los procedimientos de supervisión.
Las responsabilidades de la administración estatal
La gobernadora ha reclamado públicamente una mayor intervención federal para enfrentar la violencia en Chihuahua.
Ese señalamiento debe examinarse junto con las obligaciones del gobierno estatal en prevención del delito, coordinación policial, investigación y atención a las víctimas.
La eficacia de una administración no puede evaluarse únicamente por sus declaraciones o por la confrontación con otras autoridades.
También requiere resultados medibles, presupuestos ejercidos, objetivos cumplidos y explicaciones públicas sobre las decisiones adoptadas.
La Fiscalía Anticorrupción y sus controversias
En el ámbito judicial, la administración estatal también enfrenta cuestionamientos relacionados con la independencia de sus instituciones.
La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, investigó un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública de 2019.
Javier Corral ha sostenido que el expediente responde a una persecución política. La Fiscalía ha rechazado esa acusación.
La controversia también involucra a la Auditoría Superior del Estado, dirigida por Héctor Acosta Félix, cuya actuación ha sido cuestionada por personas investigadas.
El debate sobre el fuero
A estas circunstancias se suma la propuesta legislativa para otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado.
La iniciativa busca proteger la independencia de la fiscalización, aunque plantea interrogantes sobre los mecanismos de responsabilidad de sus funcionarios.
Las denuncias existentes no acreditan delitos, pero requieren procedimientos transparentes que permitan esclarecer los hechos.
La rendición de cuentas como prioridad
El enfrentamiento con Sheinbaum, las controversias judiciales y las discusiones sobre autonomía institucional representan desafíos diferentes para el gobierno de Chihuahua.
La evaluación de Maru Campos debe centrarse en decisiones documentadas, resultados de gobierno y responsabilidades comprobables, no solamente en las disputas políticas que protagoniza.
El principal desafío consiste en ofrecer información verificable que permita conocer qué ha funcionado, qué requiere correcciones y quién debe responder por las decisiones institucionales.