EL COSTO DEL PODER CERCANO: VIÁTICOS, PRIVILEGIOS Y EL ENTORNO DE FRANCISCO DE LA O EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

En Chihuahua, el combate a la corrupción enfrenta una prueba incómoda: la revisión del propio gasto dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Y es en ese ejercicio donde el entorno cercano al fiscal Abelardo Valenzuela comienza a generar más dudas que certezas.

El nombre de Francisco Javier de la O Sarmiento aparece nuevamente en el centro del debate. No por un escándalo aislado, sino por un patrón de gastos que, acumulados, revelan una dinámica que muchos ya califican como privilegiada.

Los registros de 2024 muestran una constante: uso reiterado de viáticos bajo esquemas como caja chica, gastos por comprobar y reembolsos. Movimientos que incluyen traslados, consumos y gastos de representación que, si bien pueden ser parte de la operación, adquieren otra dimensión cuando se repiten de manera sistemática.

Pólizas como la C01255 y C01256, con montos que superan los 14 mil pesos, no destacan por su tamaño individual, sino por su contexto. Se suman a una cadena de gastos que, en conjunto, dibujan un estilo de operación que contrasta con el discurso de austeridad.

Y ahí es donde el tema escala.

Porque en estructuras donde el poder se concentra en círculos cercanos, como el que rodea a Valenzuela, el acceso a recursos también se concentra. Sin mecanismos claros de supervisión externa, el riesgo no es solo administrativo, es político.

La percepción de privilegios comienza a tomar forma cuando los mismos actores aparecen de manera recurrente en los registros de gasto. Y en una institución que debería combatir los excesos, esa percepción pesa más que cualquier justificación técnica.

Hasta ahora, no hay explicaciones claras. No hay posicionamientos públicos que detallen el alcance de estos gastos ni los criterios bajo los cuales se autorizan.

Ese vacío de información no es menor.

Porque cuando no se explica el uso del dinero público, otros lo interpretan. Y esas interpretaciones, hoy, no favorecen a la Fiscalía Anticorrupción.

La pregunta ya no es cuánto se gastó. La pregunta es quién decide cómo se gasta y bajo qué controles.